México, D.F.-Además, Aispuro Torres propuso reformar los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para asignar a los municipios del país el 20 por ciento de los recursos que la Federación distribuye a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
“El tema de seguridad pública, actualmente, exige que las decisiones tomadas por el gobierno en la asignación de recursos se orienten a fortalecer la seguridad y lograr una mejor y mayor prevención de los delitos, con corporaciones más eficaces.
“Es necesario encontrar los mecanismos para que la asignación de recursos al tema de la seguridad pública no afecte los recursos que se destinan a satisfacer los servicios básicos y de atención a las necesidades sociales”, señaló.
En términos presupuestarios, dijo, de los fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sigue siendo uno de los más pequeños y está destinado a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores.
Además, continuó, al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
“En la medida que el Estado da muestras de incapacidad para garantizarle a sus gobernados su seguridad jurídica, el respeto a su integridad y a sus bienes, los ciudadanos se enfrentan solos a una condición de vulnerabilidad que causa detrimento en la atención de sus actividades productivas; este estado vulnerable obliga a los ciudadanos a invertir las ganancia de sus actividades en resguardar sus integridad personal y la de su familia, en perjuicio del crecimiento de las actividades productivas y, como consecuencia, en el desarrollo del país.
“La seguridad pública es uno de los servicios básicos más demandantes e importantes que un gobierno debe proveer a la sociedad para potenciar así la asignación eficiente de los recursos, el desarrollo económico y el bienestar social”, destacó.
Para Aispuro Torres uno de los obstáculos históricos para el combate eficaz a la delincuencia ha sido la falta de coordinación entre los órdenes Federal, estatales y municipales.
Los delitos del fuero común, acotó, no son perseguidos por una autoridad distinta a la local y de esta forma los delincuentes pueden en muchos casos evadir la acción de la justicia con sólo trasladar sus operaciones a otra plaza.
Recordó que para respetar las áreas de competencia de las autoridades locales y al mismo tiempo realizar un combate coordinado contra la delincuencia, en 1994 se efectuaron reformas a los artículos 21 y 73 de nuestra Constitución para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“En diciembre de 1995 fue publicada la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; este sistema, con financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades federativas, provee recursos para el equipamiento de las corporaciones policiales, la construcción y la modificación del sistema penitenciario, el establecimiento de la red informática de seguridad pública, la capacitación y la profesionalización policíaca, así como para la manutención de los reos”, detalló.
Por ello, reiteró la importancia de su propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para que las entidades federativas destinen a los municipios, del presupuesto que la Federación les asigna a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el 20 por ciento de los recursos para la ejecución de sus programas y políticas de seguridad pública.
La iniciativa del Senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación
No hay comentarios:
Publicar un comentario